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campo y que seguramente tendrá que re-
forzarse para el nuevo período de gobier-
no 2014-2018 con propuestas más auda-
ces e inversiones significativas en materia
de innovación, asistencia técnica integral,
optimización del uso del suelo, acceso a la
tierra y a los recursos productivos, gestión
de recursos hídricos, administración de
riesgos y promoción de la inversión priva-
da agroindustrial.
p
Las reivindicaciones sociales que pusieron
en el escenario nacional la problemática
rural y las cuales concluyeron con actas de
acuerdo entre el Gobierno Nacional y las
organizaciones campesinas que incluyen
más de 180 compromisos en temáticas tan
diversas como: el control al precio de los
insumos agrícolas; los apoyos a los bajos
precios de comercialización; los alivios a
la situación crediticia de los campesinos; el
control al contrabando de productos agrí-
colas; el mal estado de las vías terciarias;
los altos costos del transporte, y el conflicto
por el uso del suelo frente a la expansión
de la minería, entre muchos otros.
p
El Acuerdo de La Habana sobre la política
de desarrollo agrario integral, primer pun-
to de la agenda de diálogos de paz, que
se cerró el año pasado con consensos pre-
liminares alrededor de temas como el ac-
ceso y uso de la tierra, la formalización de
la propiedad, la frontera agrícola y las zo-
nas de reserva campesina; el desarrollo de
programas con enfoque territorial; la ne-
cesidad de infraestructura productiva; las
carencias en seguridad social, educación,
salud y vivienda en la población rural; la
necesidad de estímulos apropiados para la
producción y la productividad agropecua-
ria; la formalización del empleo, y el me-
joramiento de la capacidad para generar
ingresos en los habitantes del campo.
p
Las recomendaciones de expertos en ma-
teria de políticas públicas para el desarro-
llo rural que han diagnosticado de manera
exhaustiva la problemática. De un lado, el
Informe Nacional de Desarrollo Humano
de PNUD 2011 argumentó que la crisis
del sector obedece a que en el país se ha
implementado un modelo de desarrollo
excluyente e inequitativo que deteriora la
sostenibilidad y la institucionalidad rural
para lo que se requiere adelantar acciones
transformadoras en materia de seguridad
humana, fortalecimiento institucional, de-
sarrollo rural y una política integral de tie-
rras. De igual forma, voces autorizadas de
ilustres investigadores desde Fedesarrollo y
la academia coinciden en señalar que los
retos de la agricultura están relacionados
con lograr un crecimiento alto y sostenido
de la productividad agropecuaria; garan-
tizar la protección, manejo y uso adecua-
do y sostenible de los recursos naturales
ajustándose a los impactos del cambio
climático; asegurar la articulación de los
pequeños productores en el crecimiento y
desarrollo de la agricultura, así como la
creación de las condiciones de progreso,
equidad y vida digna de los habitantes ru-
rales, reduciendo la pobreza y la inequi-
dad en el campo.
Con base en lo anterior, y como salida a la
evidente crisis social y económica del sector
el Gobierno Nacional convocó a todos los
actores y organizaciones interesadas para ha-